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Miguel Ángel Lara Sánchez
Antes de que se impusiera la política neoliberal a nivel mundial, la seguridad social de los pueblos constituía uno de los pilares fundamentales que los Estados procuraban mantener. Para lograrlo, recaudaban un cierto porcentaje de aportaciones de los trabajadores activos y de los patrones. Los gobiernos también destinaban una parte.
De esta forma, la seguridad social constituía un servicio público que se financiaba de la recaudación. Una parte de los impuestos se desprendía para la creación de instituciones de salud y de un sistema de pensiones para los trabajadores ya jubilados. Esta enorme concentración de dinero permitió la creación de un gran complejo de instituciones de salud, seguridad, de cultura y recreación para un uso masivo de casi todas las clases trabajadoras.
En estas creaciones los gobiernos no actuaban por altruismo sino por el simple sentido de la economía de costos. Con este tipo de sistemas centralizados tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México, resultaba más barata la tarea de mantener a la clase obrera en condiciones mínimas de salud para seguir produciendo ganancias para el capital y para reproducirse como especie y como clase.
Pero desde mediados de la década de los 80 del siglo XX las cosas cambiaron. Los grandes capitales para ese entonces ya habían acumulado tanto capital que podían transformar los servicios hasta ese entonces públicos en negocios privados, es decir, que podían convertirlos en mercancías y someterlos, por tanto, a la lógica del funcionamiento como mercancías. Así pasó con muchos de ellos, tales como la producción de energía, la creación de carreteras, las telecomunicaciones, la fabricación de elementos clave de la agricultura como los fertilizantes, etc. La seguridad social no fue la excepción y muy pronto comenzaron en América Latina, siendo Chile la primera nación que desde 1981 convirtió en mercancía todo el sistema de seguridad social. Esta visión de la seguridad social como mercancía altera todo su funcionamiento, pues ahora se rige por los criterios de maximización de la ganancia para lograr los mayores volúmenes de acumulación de capital. Aunque todavía en muchos países se mantienen las instituciones públicas de salud, sin embargo se han multiplicado los hospitales privados y a las primeras se les mantiene en condiciones asfixiantes.
Por otra parte, en lo que se refiere al sistema de pensiones ocurre lo mismo. Nuestros fondos son una mercancía, peculiar por cierto, ya que constituyen parte del llamado capital financiero y como tal, se someten a las leyes del capital de riesgo con el objeto de lograr las mejores y más rentables tasas de interés. La vida misma como trabajador pensionado se calcula como una mercancía, pues ahora es de primera importancia para la empresa financiera que maneja los fondos de pensiones saber el tiempo promedio de vida para sacar la mejor de las proporciones entre el rendimiento esperado y el monto de la pensión, multiplicado por los años que duremos con vida.
Pero esto no es todo lo que está en juego cuando la seguridad social se mercantiliza, y algunos de las entidades que alentaron este cambio lo saben perfectamente, como el Banco Mundial.
En su reporte anual de junio de 2004, confiesan que las privatizaciones en el sistema de pensiones de los países de América Latina “mejoraron su situación presupuestaria … y fomentaron los ahorros y las inversiones.”[1] Esto quiere decir que una buena parte de los impuestos que se recaudaban y que se empleaban para el mantenimiento de los sistemas de seguridad social ahora pueden ser destinados para otros fines, que por lo regular son los de los grandes empresarios, como por ejemplo, los rescates bancarios o carreteros, que esconden el saqueo y la corrupción. Lo que se sacaba a los trabajadores vía impuestos y aportaciones y que regresaba nuevamente a ellos mediante el sostenimiento de las instituciones de salud ahora se le transfiere a los más ricos y acaudalados, incluidos los gobernantes. Eso es lo que significa la mejoría de “su situación presupuestaria”.
En segundo lugar, los miles de millones de dólares que manejaban las instituciones públicas de seguridad social como fondos de pensiones y aportaciones pasaron a ser “ahorros” de las instituciones financieras privadas que ahora los administran y promisorias inversiones en las bolsas de valores o en otro tipo de instrumentos financieros, tanto nacionales como en los mercados internacionales.
Tan buen negocio ha resultado, que más adelante el mismo reporte del Banco Mundial señala que “el volumen de los activos que poseen los fondos de pensiones como proporción del PIB casi se duplicó en la región (de América Latina y El Caribe) en el transcurso de sólo cinco años.”[2]
FIGURA 1. COBERTURA DEL SISTEMA DE PENSIONES ENTRE 10 Y 60% DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA*
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* Proporción de la Población Económicamente Activa con sistema de pensiones o en el sector formal
PEA: Población Económicamente Activa
Fuente: Household survey between 1997 and 2002 analized by Tood Pugatch. Citado por Viveros y Morrison. “Hay que cumplir la promesa de seguridad social en América Latina. Banco Mundial, Washington, Diciembre 2004. www.worldbank.org
Sin embargo, para los trabajadores latinoamericanos el balance es adverso. “A pesar de las mejoras, la cobertura de la seguridad social y de las pensiones privadas continúa siendo persistentemente baja en la región en general”, nos indica el mismo reporte, e incluso descarnadamente plantea que “la pobreza en la vejez sigue siendo una amenaza para los ciudadanos de la región”.
Aunque el reporte del Banco Mundial establece que la cobertura de los sistemas de pensiones para los trabajadores activos en América Latina que tienen un empleo permanente va del 10 al 60%, sin embargo este dato es engañoso pues al incluir a los chilenos el porcentaje se dispara hacia arriba, ya que en la mayoría de los países latinos el porcentaje de cobertura es mucho menor al de este país, cercano al 20% promedio, como se puede observar en la Figura 1. Algo similar sucede con los pagos a los pensionados mayores de 65 años, como se ve en la Figura 2.
FIGURA 2. ENTRE UN DÉCIMO Y DOS TERCIOS DE LA POBLACIÓN ADULTA RECIBE PENSIONES EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
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Población de 65 años o más que recibe pensión
Fuente: Household survey between 1997 and 2002 analized by Tood Pugatch. Citado por Viveros y Morrison. “Hay que cumplir la promesa de seguridad social en América Latina. Banco Mundial, Washington, Diciembre 2004. www.worldbank.org
Estas graves repercusiones de la privatización de la seguridad social en los trabajadores obligan a reconocer a los mismos autores de este reporte que en los 12 países de América Latina donde siguieron estos esquemas “el fracaso en la extensión de acceso a la previsión social formal a un segmento más amplio de la sociedad ha sido decepcionante.”
Lo mismo se puede decir del pago a los pensionados con edades mayores a los 65 años. Mientras que para los dueños del capital financiero ha sido un éxito rotundo, pues han obtenido jugosas ganancias vía intereses, por el contrario para las clases trabajadoras significó uno de los mayores saqueos que se hayan producido en toda su historia laboral.
El gasto en salud en México
Para el caso de México, la riqueza global producida en el país durante 2004 fue de aproximadamente 7.2 billones de pesos, de los cuales el gobierno federal captó 1.77 billones de pesos, lo que significa que a sus manos llega el 24.7%. A sus arcas llegan los ingresos petroleros, los impuestos y los que registran las empresas públicas restantes tales como CFE, LyFC, el ISSSTE, CAPUFE, BANOBRAS, etc. La proporción general de estas partidas es como sigue:
Según podemos ver en el Cuadro 1, lo que capta por la explotación y venta del petróleo representan el 36% de sus ingresos totales, inferiores al monto total recaudado por impuestos, que representa el 40.4%: los que provienen de organismos y empresas representan el 17.5% y los no tributarios, el 6.03%. Cabe resaltar que en 2004 los mayores ingresos captados por los Organismos y empresas provinieron de PEMEX, la CFE y el ISSSTE.
Lo que gastó el gobierno en todo el año 2004 rebasó sus ingresos, pues ascendió a 1.797 billones de pesos, de los cuales casi 207 mil millones de pesos destinó para el pago del llamado Costo financiero, es decir, pagos de intereses, comisiones y gastos de la deuda, así como apoyo a deudores de la banca, que de 2003 a 2004 aumentó casi 200%.
El desglose del gasto gubernamental mostrado en el Cuadro 2 nos indica que en materia de salud y seguridad social se destina el 18.3% del gasto total, mientras que para educación es del 16.88%; para las actividades productivas tales como la inversión en las industrias petrolera y energética, el Informe de Hacienda nos indica que se gasta el 30.7% y para la gestión gubernamental se destina el 11.4%. En otras palabras, sostener todo el aparato de gobierno y las estructuras del Estado es un gasto parasitario, porque ese 11.4%, que equivale a 204,912 millones de pesos, ni produce en la actividad industrial, pero tampoco se destina al bienestar de la población.
Renglones que llaman la atención son los de la llamada Soberanía y Relaciones exteriores. Los mexicanos pagamos 35 mil millones de pesos en programas que en realidad sirven a la cesión de la soberanía, a la sumisión al imperialismo norteamericano y a la promoción de las posiciones de ultraderecha a nivel mundial. Otros 30 mil millones de pesos se malgastan en la desgobernación de la Secretaría de Gobernación y en las devoluciones de impuestos, sobre todo a los empresarios, vía Hacienda. Finalmente, se gastan 20 mil millones de pesos para que los magistrados se tiendan de tapete en las iniciativas foxistas, para que sigan impunes los crímenes contra las mujeres, los periodistas y los luchadores sociales, y para que el narco y todos los aparatos represivos se repartan el poder y los mercados en sus luchas intestinas.
Casi el 11% se va para Subsidios y Transferencias, que por lo regular en su mayoría son para beneficio de los grandes capitales. Esta suma casi iguala el gasto parasitario del gobierno.
Todo esto contrasta con el dinero que se va para el pago de las Pensiones: apenas el 7% del gasto total y, si lo comparamos con el monto total de lo que producimos en 2004 (los 7.2 billones de pesos), cantidad que señalábamos más atrás, apenas constituye el 1.7%. Por consiguiente, con todo y que estamos utilizando solamente información de la Secretaría de Hacienda, que por lo demás, se maquilla al antojo de los gobiernos, se viene abajo el discurso gubernamental acerca de que el pago de pensiones es muy alto.
De igual forma, si comparamos lo que se gasta en salud y seguridad social con el Producto Interno Bruto, veremos que apenas representa aproximadamente el 4.5%.
Estas enormes sumas de dinero destinadas para el beneficio de los grandes empresarios industriales y sobre todo financieros, destinadas al sostenimiento del aparato jurídico-político y militar y para el crecimiento de los sectores industriales que posibilitan el saqueo de nuestras riquezas para beneficio de la oligarquía norteamericana, contrastan, de un lado, con las migajas que van a parar a un sistema de salud profundamente golpeado y deteriorado, en un acelerado proceso de privatización y, de otro lado, con las pensiones, que agudizan la miseria de uno de los sectores más abandonados de las clases trabajadoras, justo de aquellos que en 30 años promedio de su vida crearon enormes sumas de plusvalía para beneficio del capital . Son, pues, las caras de la llamada política neoliberal.
Por consiguiente, en aquellos países donde aún no se ha convertido en mercancía la seguridad social o, como en el nuestro, aún quedan fragmentos de la misma que no han caído en las garras del capital, se requiere el máximo de la concentración de fuerzas del movimiento social y político para defender su carácter público. De igual manera, ahora que soplan con mayor fuerza vientos de democracia en numerosos países latinoamericanos, es posible que con la conquista del poder por fuerzas anti neoliberales se abran coyunturas para arrebatarle al capital financiero la seguridad social y el sistema de pensiones para devolverle su carácter público.
Miguel Ángel Lara Sánchez
Enero de 2006
CULTURA, TRABAJO Y DEMOCRACIA, AC
[1] Viveros y Morrison. “Hay que cumplir la promesa de seguridad social en América Latina. Banco Mundial. Washington, diciembre de 2004. www.worldbank.org Incluso más adelante los autores reiteran los resultados positivos del manejo capitalista: “las reformas incentivaron el desarrollo de mercados de capital al encauzar los ahorros hacia inversiones en fondos de pensiones administrados por el sector privado.”
[2] Ibíd.
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