Neoliberalismo y Sistemas de Pensiones en América Latina

Miguel Ángel Lara Sánchez

Antes de que se impusiera la política neoliberal a nivel mundial, la seguridad social de los pueblos constituía uno de los pilares fundamentales que los Estados procuraban mantener. Para lograrlo, recaudaban un cierto porcentaje de aportaciones de los trabajadores activos y de los patrones. Los gobiernos también destinaban una parte.

De esta forma, la seguridad social constituía un servicio público que se financiaba de la recaudación. Una parte de los impuestos se desprendía para la creación de instituciones de salud y de un sistema de pensiones para los trabajadores ya jubilados. Esta enorme concentración de dinero permitió la creación de un gran complejo de instituciones de salud, seguridad, de cultura y recreación para un uso masivo de casi todas las clases trabajadoras.

En estas creaciones los gobiernos no actuaban por altruismo sino por el simple sentido de la economía de costos. Con este tipo de sistemas centralizados tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en México, resultaba más barata la tarea de mantener a la clase obrera en condiciones mínimas de salud para seguir produciendo ganancias para el capital y para reproducirse como especie y como clase.

Pero desde mediados de la década de los 80 del siglo XX las cosas cambiaron. Los grandes capitales para ese entonces ya habían acumulado tanto capital que podían transformar los servicios hasta ese entonces públicos en negocios privados, es decir, que podían convertirlos en mercancías y someterlos, por tanto, a la lógica del funcionamiento como mercancías. Así pasó con muchos de ellos, tales como la producción de energía, la creación de carreteras, las telecomunicaciones, la fabricación de elementos clave de la agricultura como los fertilizantes, etc. La seguridad social no fue la excepción y muy pronto comenzaron en América Latina, siendo Chile la primera nación que desde 1981 convirtió en mercancía todo el sistema de seguridad social. Esta visión de la seguridad social como mercancía altera todo su funcionamiento, pues ahora se rige por los criterios de maximización de la ganancia para lograr los mayores volúmenes de acumulación de capital. Aunque todavía en muchos países se mantienen las instituciones públicas de salud, sin embargo se han multiplicado los hospitales privados y a las primeras se les mantiene en condiciones asfixiantes.

Por otra parte, en lo que se refiere al sistema de pensiones ocurre lo mismo. Nuestros fondos son una mercancía, peculiar por cierto, ya que constituyen parte del llamado capital financiero y como tal, se someten a las leyes del capital de riesgo con el objeto de lograr las mejores y más rentables tasas de interés. La vida misma como trabajador pensionado se calcula como una mercancía, pues ahora es de primera importancia para la empresa financiera que maneja los fondos de pensiones saber el tiempo promedio de vida para sacar la mejor de las proporciones entre el rendimiento esperado y el monto de la pensión, multiplicado por los años que duremos con vida.

Pero esto no es todo lo que está en juego cuando la seguridad social se mercantiliza, y algunos de las entidades que alentaron este cambio lo saben perfectamente, como el Banco Mundial.

En su reporte anual de junio de 2004, confiesan que las privatizaciones en el sistema de pensiones de los países de América Latina “mejoraron su situación presupuestaria … y fomentaron los ahorros y las inversiones.”[1] Esto quiere decir que una buena parte de los impuestos que se recaudaban y que se empleaban para el mantenimiento de los sistemas de seguridad social ahora pueden ser destinados para otros fines, que por lo regular son los de los grandes empresarios, como por ejemplo, los rescates bancarios o carreteros, que esconden el saqueo y la corrupción. Lo que se sacaba a los trabajadores vía impuestos y aportaciones y que regresaba nuevamente a ellos mediante el sostenimiento de las instituciones de salud ahora se le transfiere a los más ricos y acaudalados, incluidos los gobernantes. Eso es lo que significa la mejoría de “su situación presupuestaria”.

En segundo lugar, los miles de millones de dólares que manejaban las instituciones públicas de seguridad social como fondos de pensiones y aportaciones pasaron a ser “ahorros” de las instituciones financieras privadas que ahora los administran y promisorias inversiones en las bolsas de valores o en otro tipo de instrumentos financieros, tanto nacionales como en los mercados internacionales.

Tan buen negocio ha resultado, que más adelante el mismo reporte del Banco Mundial señala que “el volumen de los activos que poseen los fondos de pensiones como proporción del PIB casi se duplicó en la región (de América Latina y El Caribe) en el transcurso de sólo cinco años.”[2]