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Miguel Ángel Lara Sánchez[1]
Cuando hablamos de las políticas públicas estamos haciendo referencia al conjunto de los órganos de poder existentes en una formación económico-social determinada, pero particularmente de los que conforman el Estado. Tales políticas comprenden dos grandes esferas de acción: la primera tiene que ver con el aseguramiento y reproducción de la dominación política de la clase o fracción dirigente sobre las clases trabajadoras y las restantes clases sociales, y la segunda, con la afirmación y extensión de las condiciones económicas que son la base de su dominio, esto es, con la valorización creciente del capital y del conjunto de las relaciones de producción que le son inherentes.[2]
Dicho proceso de valorización en nuestro país generó una riqueza anual de 18.2 billones de pesos en el año 2015 la cual se reparte entre todas las clases sociales existentes. Por la información que emite el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sabemos que de ese total producido, 4.3 billones de pesos (BDP) corresponden a los trabajadores, asalariados y no asalariados, y representan apenas el 23.85% del Producto Interno Bruto (PIB); el 6.97% se va a las arcas del gobierno federal en forma de impuestos a la producción y a las importaciones, mientras que el 66.26% conforma el Excedente bruto de operación que se lo reparten las clases sociales que son dueñas de los medios de producción.
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde los obreros perciben el porcentaje más bajo de la riqueza que generan y por tanto, es la nación donde el margen de plusvalía es uno de los más altos tomando en cuenta los países de dicha agrupación.
Considerando el período comprendido entre 1990 y 2015, podemos afirmar que las percepciones salariales tuvieron un incremento durante los primeros cuatro años, es decir, hasta antes de la firma del Tratado de Libre Comercio para las Américas (TLCAN), ya que pasaron del 27.76% del PIB en 1990 al 32.96% en 1994. Pero en adelante la situación empeoró para las clases trabajadoras. En los ocho años subsecuentes primero disminuyó la tasa de participación entre 1995 y 1996 hasta caer al 27.04% para después recuperarse de manera ligera hasta 2002, año en que representaron el 30.86% del PIB. Así, la crisis que ocurrió a fines del año 2000 y su período inmediato de reanimación ocurrido entre 2002 y 2003 fue la razón de esta momentánea recuperación escueta de los sueldos y salarios de los trabajadores mexicanos.
Pero desde entonces no volvimos a presenciar una recuperación salarial, por mínima que fuera, ya que cuando los salarios representaban ese 30.86% de la riqueza creada en 2002, al año siguiente tuvieron una drástica reducción que los hizo caer al 26.8% y desde entonces han sufrido una merma que los redujo hasta el 23.85% en 2015, como decíamos más arriba.
Esto quiere decir que de los aproximadamente 120 millones de mexicanos que éramos en 2015, el 76.4% de esta cantidad, es decir, 90.9 millones de personas que de acuerdo a nuestros cálculos conforman la clase obrera y los campesinos pobres, se reparten esos 4.3 billones de pesos.[3]
Divididos entre el total de trabajadores del campo y la ciudad, resulta que el promedio diario de ingresos de un trabajador es de $130.78 diarios (casi dos salarios mínimos), situación que es indicativa de la gran pobreza y depauperización existente entre las filas de la clase obrera mexicana y de las capas más empobrecidas de los trabajadores agrícolas.
Por el contrario, si analizamos la otra realidad, es decir, las condiciones en que se presenta el Excedente Bruto de Operación que se reparten las clases poseedoras de capital, la situación es inversa: disminución del margen entre 1990 y 1994, un ascenso en 1994 y 1995 seguido de una ligera disminución que concluye en 2002 para representar el 58.41% del PIB, pero desde entonces estas clases sociales han absorbido cada vez más riqueza, hasta llegar al 66.26% en 2015. Porcentualmente hablando, la burguesía y la pequeña burquesía mexicanas son las que tienen el mayor porcentaje de absorción de la riqueza del total de los países que conforman la OCDE.
Considerando las cifras de 2013, que en términos porcentuales no tienen grandes variaciones con respecto a 2015, la burguesía conforma el 3.2% del total de la población, mientras que la pequeña burguesía representa el 17.9%. Si el excedente bruto de operación fue de 12.06 billones de pesos en 2015, resulta entonces que de los 25.07 millones de personas que conforman estas clases, el ingreso per cápita viene a ser de $1,317.22 diarios, una cantidad diez veces mayor que el ingreso diario promedio de los obreros y campesinos pobres.[4]
Sin embargo, México no se distingue de los demás países por contar con una distribución de la plusvalía que tienda a repartirse de manera equitativa entre las clases propietarias de capital, sino exactamente por su contrario. De acuerdo a nuestros cálculos, los grandes capitales monopólicos mexicanos asociados preferentemente con la oligarquía norteamericana tienen un alto grado de concentración de la riqueza; representan el 0.096% del total de las empresas existentes en el país para el año 2013, pero son los que producen el 62% de la riqueza total con tan solo el 27% de la fuerza de trabajo.[5] Si empleamos este porcentaje de participación en el PIB, ese puñado de 3,967 grandes empresas, de un total de 4,105,267, por lo menos se lleva 7.5 billones de pesos del excedente bruto de operación considerando el año 2015, que equivale a 1,884 millones de pesos anuales por cada una de esas empresas de élite, o lo que es lo mismo, al día obtiene $5,161,507.09.
Esta cantidad es apenas un referente aproximado de lo que percibe una gran empresa monopólica porque debido a las leyes de la concentración y centralización del capital, cuanto mayor sea el monto de capital concentrado y volcado a la producción, mayor será la masa de excedente del que se apropia. Un ejemplo claro lo tenemos en el empresario más rico de México y de América Latina: Carlos Slim. Cuantificado el aumento de su fortuna en 52 mil 255 millones de pesos para el año 2014, resulta que este multimillonario ganó $143,164,383.00 al día.[6] Con la ganancia obtenida en una hora podía comprar ocho departamentos en una de las colonias clasemedieras como la San Rafael, en la Ciudad de México.
Por consiguiente, la formulación y aplicación de las políticas públicas en México han resultado ser muy eficaces para el notable enriquecimiento de los capitalistas que integran la oligarquía en nuestro país. Con la aprobación de las llamadas reformas estructurales, que fueron concebidas asimismo por una visión oligárquica de las políticas públicas, se espera que en el futuro inmediato se produzca una concentración de la riqueza aún mucho mayor, ya que ponen en las manos de este pequeñísimo grupo de capitales los sectores estratégicos de la economía que aún no estaban incluidos en el TLCAN: las diversas ramas de la energía y las más rentables de la telemática. Las políticas públicas, pues, han cumplido plenamente uno de sus roles fundamentales: afianzar y acentuar el dominio del sector de la clase dominante que detenta el poder del Estado, aunque en el caso de México ha sido a costa de un empobrecimiento dramático del proletariado y los campesinos pobres. Pasemos ahora al papel de dichas políticas en la reproducción de las relaciones de capital.
En una sociedad determinada, las ramas económicas que se encargan de la producción del capital fijo constituyen el núcleo de la acumulación. Es este sector el encargado principal de potenciar la creación de riqueza futura debido a que la prolongación de su uso durante varios años, es decir, durante varios ciclos de rotación, genera una masa diferente de mercancías por los años en que se amortiza y deprecia. A su vez, por este hecho también constituye un sector de la economía que anticipa la ocupación futura de fuerza de trabajo y por tanto incide de manera favorable en el empleo.[7]
Sin embargo, la masa de fuerza de trabajo dedicada a la producción de capital fijo en México es reducida, y cada vez representa un porcentaje menor. Si en 1992 del total de la población con empleo el 13.3% de los obreros y empleados se encontraban alojados en las ramas productoras de capital fijo, diez años después de la firma del TLCAN se redujo al 11.99% y en 2014 bajaba todavía más hasta llegar al 11.89%, lo que indica que la gran mayoría de la fuerza de trabajo es empleada para la satisfacción de las necesidades inmediatas y vitales, para la sobrevivencia.[8]
Desde el punto de vista de la disposición de plusvalía para la reproducción, la Inversión Fija bruta en Maquinaria y Equipo es representativa de la masa de capital que se destina para el desarrollo de las fuerzas productivas. El resultado general que comprende el período de febrero de 1993 a junio de 2017 promedia el 0.49% de crecimiento, lo que indica que el núcleo de la acumulación de capital se encuentra virtualmente estancado o, en la mejor de las lecturas, con apenas medio punto porcentual de crecimiento en 24 años. Así es el resultado considerando el capital social global existente en México, aunque, como vimos más arriba, con la excepción del reducido número de los grandes capitales oligárquicos.
En consecuencia, podemos afirmar que las políticas públicas dedicadas al desarrollo del capitalismo en México están marcadas por una involución, reflejada en el estancamiento de las fuerzas productivas y la progresiva reducción de la fuerza de trabajo que se dedica a la producción de capital fijo.
Fuente: Construida con datos de: INEGI (2017b).
Por lo que respecta a la gestión misma del poder político, del total de la producción creada en 1990, el 10.13% se quedaba en manos del Estado y sus instrumentos de dominio, vía Impuestos sobre la producción y las importaciones (Cuadro 1). En 1994 se redujo al 9.23% y subió ligeramente a 9.32% para 2002. Desde entonces tuvo una drástica caída a partir de 2003, cuando se redujo al 6.14% del PIB, bajando hasta 5.1% en años posteriores para situarse en el 6.97% en el año 2015.[9] Pero si consideramos el total de dinero que ingresa a la llamada Federación, veremos que es mucho mayor, pues para el año 2016 sumaba la cantidad de 4.8 billones de pesos, que equivalen al 24.79% del PIB, aunque lo que se gastó fue de 5.38 billones de pesos, representando el 27.52% del PIB.[10] Del total de la riqueza producida en 2016, el Estado sustrae una cuarta parte para su manutención y en general para mantener la dominación de la oligarquía y para reproducir las bases económicas del capital.
Pero, justo aquí podemos adentrarnos un poco más en el costo de esta dominación y por consiguiente en el manejo de los dineros a través de las políticas públicas, atendiendo a la información que nos proporciona el gobierno federal sobre el Gasto Programable del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa. Si éste lo dividimos en tres grandes apartados, a saber: el gasto parasitario, el destinado al desarrollo económico y al gasto de carácter social, los resultados son los siguientes:
El gasto parasitario, que comprende el que absorbe la burocracia (el poder legislativo, el judicial, los llamados Órganos Autónomos, como el INE, Derechos Humanos, COFECO, INEE, etc. más los Ramos Administrativos) y los cuerpos represivos, en los que agrupamos la SEDENA, SEMAR, PGR y SSP, para el año 2008, es decir, antes de que estallara la segunda crisis general del capitalismo, representó el 33.84% del gasto total. En 2011 disminuyó al 32.56% y en 2016 aumentó ligeramente para situarse en 32.95% (Cuadro 2).
El gasto destinado al desarrollo económico en 2008 representó el 33.94% y descendió al 32.67% en 2011, para llegar al 33.9% en 2016. Sin embargo, estas cifras son muy relativas porque incluyen partidas que en realidad no impulsan la acumulación o lo hacen de manera exigua. Ejemplo de ello son los gastos en PEMEX, Energía o en CFE, que son los más altos de este rubro, que no hacen sino poner a punto estas ramas para dejarlas en mejores condiciones a fin de que las empresas multinacionales obtengan porciones mayores de ganancia, excedente que no se quedará en su mayoría para la reproducción en el país, sino que alimentará los centros imperialistas.
Finalmente, el gasto de carácter social en 2008 acumuló el 32.22% del gasto total; en 2011 ascendió al 34.76% y en 2016 bajó al 33.2% pero, al igual que en el sector anterior, habría que considerar que se producen importantes desvíos, ya que del 8% destinado a la educación, un buen porcentaje va a parar a las arcas del control corporativo y mediatizador de la cúpula que controla al sindicato de maestros. El gasto en Desarrollo social, que representa entre el 2.4 y 2.7% del gasto total, prácticamente es empleado para la política clientelar de los partidos de la oligarquía, sobre todo en los momentos del reciclaje de los tiempos electorales. Y el de mayor cuantía, el destinado al IMSS, tiene importantes desvíos que van a parar, por ejemplo, al enriquecimiento de los altos funcionarios.
En términos generales, las políticas públicas hacen que el gasto de índole social se desvanezca hasta reducirse a los mínimos de beneficio a las clases trabajadoras, mientras que el dedicado al desarrollo de las fuerzas productivas materiales apenas repone el capital fijo que se va desgastando, con excepción del dedicado a la expansión de las grandes corporaciones, en tanto que el costo del parasitismo es muy alto, ya que a ese 32.95% que representaba en 2016 habría que agregarle los importantes desvíos que todas las entidades de la administración pública sustraen de la parte económica y social del gasto, además del porcentaje que habría que agregar resultado de la corrupción y que se sustrae a casi todas las clases sociales.
Por último, en lo que se refiere al papel de las políticas públicas para la dominación política de la fracción de la gran burguesía en el poder, la mejor radiografía la tenemos en varios de los indicadores que registra el Foro Económico Mundial.
De un total de 137 países que participan en esta institución para el año 2017, el conjunto de indicadores que evalúan la eficiencia y eficacia de los órganos del Estado y del gobierno sitúa a México en el lugar 123, es decir, a una distancia de 14 escaños del país que tiene la peor calificación. Ya en particular, por lo que se refiere a la gestión pública, la Eficiencia en la estructura legal ante nuevas regulaciones nos sitúa en el lugar 94, la Transparencia en la formulación de políticas públicas, en la posición 63, ubicándonos en una posición, si no buena, por lo menos aceptable. Pero en la Eficiencia en el gasto gubernamental nos lleva al lugar 121, el Gravamen en la regulación gubernamental, en la posición 120, la confianza en los políticos, en el 127, lo mismo que en la Desviación de fondos públicos; y el Favoritismo en las decisiones de los funcionarios, en el lugar 129.
En materia Costos para los negocios por el crimen y la violencia, ocupamos el lugar 131; en Crimen organizado, el lugar 134, lo mismo que la Fiabilidad de los servicios policiales, a solo tres escaños del último lugar.[11]
Todo esto revela que el conjunto del aparato de Estado en México se encuentra corroído por el crimen organizado, la corrupción y la impunidad; que los pilares de la forma de Estado más acorde con la dominación burguesa, la república democrática, se encuentran debilitados y en muchos casos demolidos dando paso al autoritarismo y/o la ausencia de un poder formal y legal. Como se puede ver en los indicadores arriba expuestos, únicamente en la calificación de la transparencia en la formulación de las políticas públicas tenemos un resultado que nos ubica en la media, pero solo en eso, en la transparencia, mas no así en la eficacia, calidad, aplicación de los contenidos o en los resultados de las políticas públicas, ya no digamos en los indicadores que reflejan el ejercicio del poder político y las relaciones de dominación a través del consenso, activo o pasivo, que se ejercen sobre las clases dominadas. Podemos concluir que la oligarquía enquistada en el poder, junto con el sector de la gran burguesía norteamericana que administra el poder del Estado, han escogido las peores formas de la dominación de clase, las más lesivas, puesto que rompen no solo los fundamentos en que se basa el Estado moderno, sino además, el tejido social que particularmente le da sustento a dicho dominio.
Septiembre de 2017
Fuentes consultadas
Bibliográficas
LARA S., Miguel A. (2017). Las formas de obtención de la plusvalía en México. México, mimeo.
MARX, Carlos (1977). Elementos fundamentales para la Crítica de la Economía Política, Gründrisse. México, Siglo XXI.
Digitales
INEGI
- (2003). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2003. México.
- (2016). Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, 2016. México.
- (2017a). Producto Interno Bruto Trimestral. Precios corrientes.
www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibt/default.aspx
- (2017b). Indicadores Económicos de Coyuntura. Inversión Fija Bruta. México.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx?idserPadre=1000030500200020#D1000030500200020
LARA Sánchez, Miguel A.
- (2015a). Economía y Políticas Públicas. Documento base para la Carrera de Políticas y Proyectos Sociales de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UNAD México). https://www.unadmexico.mx/
- (2015b) Lo que ganó Carlos Slim en 2014, en: Fibra Sindical, Periódico. No. 5, Enero de 2015. México.
http://lostelefonistas.blogspot.mx/2015/01/lo-que-gano-carlos-slim-en-2014.html
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2017). Quinto Informe de Gobierno. Anexo Estadístico. México. http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/
SCHWAB, Klaus (2017). The Global Competitiveness Report 2017-2018. World Economic Forum. Geneva.
file:///C:/Users/mi/Documents/mexico/foroeconmundial2017%E2%80%932018.pdf
[1 [ Doctor en Economía, docente de la FES Aragón UNAM. Conferencia pronunciada en el 3er Congreso Internacional de Economía. Limitaciones al crecimiento, retos institucionales y alternativas de desarrollo mundial en el mediano plazo, organizado por la FES Aragón, UNAM, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Programa de Posgrado en Economía, el 11 y 12 de octubre de 2017. Nezahualcóyotl, Estado de México.
[2] Véase LARA (2015a:1)
[3] LARA (2017: Cap. I)
[4] Ibid.
[5] Véase INEGI (2016) y LARA (2017)
[6] Véase LARA (2015b: 6)
[7] MARX (1977: II, 254-260). También se puede abundar en LARA (2017). Véase Capítulo III, apartado 1.
[8] LARA (2017).
[9] INEGI (2003 Y 2016, Cuadros 11.1 y 13.4, respectivamente).
[10] Consideramos $4,845,530,300,000.00 del Producto Interno Bruto, de acuerdo al PIB Trimestral a precios corrientes. Véase INEGI (2017a) y Presidencia de la República (2017).
[11] SCHWAB (2017:203)
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