La política económica de la 4T

Miguel Ángel Lara Sánchez

3 de junio de 2020

En el período anterior al estallido de la pandemia, la administración encabezada por AMLO había definido los ejes de su conducción en torno a la reconstrucción del Estado de derecho, a la República, como suele decirlo, y al distanciamiento de la política neoliberal en materia económica y social. Habida cuenta de que el crimen organizado en todas sus expresiones había corroído las bases de la República democrática como la forma adecuada del Estado mexicano y que la fracción de la oligarquía que se mantuvo durante todo el período neoliberal produjo un saqueo de capital sin precedentes que terminó por entorpecer el desarrollo económico del país, fueron estos los dos ejes principales de trabajo plasmados en la política económica de la 4T.

La propagación mundial de la pandemia generada por el covid-19 particularmente en nuestro país produjo alteraciones en la conducción política y económica de la 4T. La más relevante consistió en que, en lugar de disponer los órganos del Estado y la conducción de la política económica hacia la reanimación de la economía que se esperaba para este 2020, tuvo que reajustarse para enfrentar  un colapso mayor, uno de los más graves de la economía mexicana, y para organizar a la población a fin de reducir a su mínimo el número de decesos provocados por el coronavirus.

Han pasado dos meses y medio desde que se tomaron las medidas de confinamiento de la población y de que se suspendió toda actividad económica y política que implicara un riesgo de contagio por el contacto social que supone. Fue hasta fines de mayo de este año que el gobierno federal anunció los primeros pasos para la reactivación de la actividad económica y social a partir de la primera semana de junio, motivado principalmente por la normalización gradual de la economía norteamericana.

Hoy nos encontramos en una situación parecida a cuando termina una guerra: la economía colapsada en su mayoría, sus relaciones y conexiones suspendidas en gran parte de las ramas económicas,  pérdidas notables de empleos y una mayor pauperización de las fracciones inferiores de la clase obrera mexicana y de las clases medias. Y es que en realidad hemos pasado por una guerra: una guerra biológica emprendida por el puñado de oligarcas que dominan los hilos de la economía y el poder mundiales.[1]

En este entorno, tres son los ejes que ha definido el gobierno de la 4T: 1) inversión pública y social, 2) la generación de empleos y 3) la profundización de la honestidad y austeridad en la administración pública federal. Comencemos por este último.

La oligarquía neoliberal construyó un Estado sobredimensionado porque era una fuente de votos en cada elección presidencial, de saqueo para el enriquecimiento de sátrapas convertidos súbitamente en grandes burgueses y de propagación de los tentáculos del crimen organizado. Era un Estado rico en un país de pobres, como reiteradamente lo denunciaba AMLO. El período especial que vivimos ha facilitado el trabajo de reducción del tamaño del Estado, de combate a la corrupción y la impunidad, y del abaratamiento de su costo de operación. Hacia esto van orientadas la reducción progresiva al 25% de los salarios de los altos funcionarios y la eliminación de sus aguinaldos, la supresión de 10 subsecretarías y la reubicación de funcionarios públicos en áreas de mayor importancia; asimismo, la reducción de gastos publicitarios, de viáticos y los gastos de operación.

Los puntos uno y dos van orientados a la actividad económica, particularmente a la reproducción del capital. Aquí debemos partir que en un período de crisis y particularmente de estancamiento como el que vivíamos en 2019 y que se acentuó en lo que va del año, el capital privado no invierte por lo regular y solamente lo hace para mantener al mínimo el funcionamiento de sus negocios mientras pasa la tormenta. No arriesga capital porque es muy difícil que obtenga la ganancia esperada. En este período es el Estado quien realiza las inversiones de capital necesarias para ir saliendo del estancamiento y crear las condiciones para la reanimación del ciclo económico. Por ello la inversión pública del gobierno federal es esencial en estos momentos. Lo destinado para la rehabilitación de las seis refinerías y la construcción de la de Dos Bocas va en este tenor, así como la inyección adicional de 65 mil millones de pesos (MMDP) en Pemex y  el uso de 339 MMDP para la modernización y expansión de la industria eléctrica nacional (entre las que se encuentra la creación de termoeléctricas en la Península de Yucatán), además de que también cumplen el propósito de recuperar la autosuficiencia energética y el abaratamiento de los costos de esta materias primas fundamentales para la economía en su conjunto.

Existen un conjunto de obras que tienen que ver con el desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, tales como las nuevas rutas de ferrocarril (tren maya, terminación del tren interurbano México-Toluca y tren de Guadalajara), las obras del Sistema aeroportuario de la Ciudad de México,  la inversión de 25 MMDP adicionales para pavimentación e introducción de agua potable en zonas marginadas, inversiones en carreteras, caminos, presas y canales, así como infraestructura en las ciudades. Todo esto no es el mero desarrollo de las comunicaciones y transportes, sino que, además de ser una rama económica propia, al mismo tiempo brinda las condiciones generales necesarias para la reproducción del capital en su conjunto, es decir, para la acumulación progresiva de capital, sin las cuales se puede atrofiar o entorpecer el desarrollo económico, como ocurrió durante todo el proceso neoliberal.

Particular mención merece el proyecto de llevar el internet al 80% de las zonas que han estado marginadas de esta forma de comunicación debido a que los monopolios de las telecomunicaciones solo actúan en las grandes ciudades que les aseguran jugosas ganancias. Esto ha acentuado de manera alarmante la llamada brecha digital, resultado de haber dejado las comunicaciones digitales a manos de un puñado de oligarcas durante el período neoliberal.

Existen otra serie de medidas cuyo propósito consiste en el fortalecimiento del mercado interno. Podemos decir a grandes rasgos que esto significa que desde el poder del Estado se impulsa el aumento de la capacidad de consumo de las clases trabajadoras, que integran a la gran mayoría de la población. También el impulso de las distintas ramas económicas y la creación de nuevas ramas y subramas - en una palabra, de la división social del trabajo- fortalece el mercado interior. Esto no solo tiene implicaciones económicas sino también sociales de primer orden. La profunda concentración de la riqueza en apenas unas treinta familias ha dejado un país con más de 80 millones de pobres bajo el neoliberalismo depredador. El saldo de esta crisis económica mundial y de esta guerra biológica acentuará la precarización de las clases trabajadoras y aumentará el desempleo. De ahí que se requiera un amplio abanico de medidas de política económica para evitar la mayor propagación de la miseria y para el aumento del poder de compra de los mexicanos.

En este sentido, la 4T anunció en la segunda semana de mayo lo siguiente: la continuación de los programas sociales de apoyo a los adultos mayores, a los discapacitados, a niñas y niños de madres trabajadoras, a los jóvenes construyendo el futuro, las becas para el Bienestar Benito Juárez, las tandas para el bienestar, la atención médica y medicamentos gratuitos, los precios de garantía, etcétera, asegurados con una partida de casi 623 MMDP, la mayor que ha habido en la historia orientada al combate de la pobreza y la precariedad; a ellos se han agregado la devolución del IVA a los contribuyentes con prontitud, apoyos directos a 190 mil pescadores y la asignación de créditos a un número mucho mayor de sectores que abarcan a los micro y pequeños establecimientos que conforman más del 90% del total en el país. De ellos resalta la asignación de más de 4 millones de créditos para vivienda y para pequeñas empresas familiares, tanto del sector formal como informal de la economía, entre los que se cuentan empresas solidarias, trabajadores del hogar y trabajadores independientes; en un momento posterior, los préstamos se extenderán a los tianguistas, meseros y taxistas.[2] La suma comprometida rebasa con facilidad los 300 MMDP.

En suma,  desde el gobierno federal se está realizando una inyección de poco más de un billón de pesos para reanimar el consumo masivo de la población mexicana, para mitigar en parte la pauperización generada por el confinamiento y la parálisis del 70% de la actividad económica. Sin embargo, es una cantidad todavía pequeña comparada con la gravedad de los daños, pero aún así es significativa porque esta vez no se privilegió al gran capital y a la casta de políticos que se enriquecían a costa del erario público.

Particular atención merecen las medidas sobre el empleo, ya que inciden en el fortalecimiento del mercado interno, en el desarrollo económico y en el bienestar social de las clases medias y de la clase obrera del campo y de las ciudades. Calculadas las pérdidas de empleos formales en casi un millón, el programa de la 4T se propone la creación de dos millones de empleos en todo el año 2020. A los 230 mil ocupados en el programa Sembrando vida se le suman 200 mil campesinos más; en la industria de la construcción se prevé ocupar otros 270 mil trabajadores para la creación de casas habitación, aunados a los cientos de miles que se emplearán para la construcción de escuelas y en todas las obras de infraestructura arriba referidas.

No obstante, aunque positivas, estas medidas para contrarrestar el desempleo y el aumento del subempleo se quedarán cortas frente al impacto tanto en el empleo formal como principalmente en la economía informal, donde se concentra la mayoría de los trabajadores. Los sectores de la clase obrera y de las clases medias más golpeados por la crisis suman poco más del 27% de la población ocupada (que son 55, 352,304 trabajadores a fines de marzo de 2020)[3], siendo casi 15 millones de trabajadores, y que con sus familias son casi 60 millones de personas de un total de 126.7 millones de habitantes en México, todo lo cual indica la gravedad del costo social de esta crisis.

Todo este plan de reconstrucción exige cuantiosas magnitudes de capital, mismas que la 4T está concentrando a base de eliminar el gasto excesivo y el dispendio en la función pública, de una reducción notable del tamaño del Estado y de evitar la evasión fiscal por parte de la gran burguesía. Fiel a su principio de no endeudar más al país, que por la herencia neoliberal hoy se paga poco más del 40% del Producto Interno Bruto de cada año, ha evitado comprometerse con la rapiña financiera internacional representada en el Fondo Monetario Internacional y, por el contrario, logró colocar con gran éxito una emisión de bonos gubernamentales por 6 mil millones de dólares el 22 de abril de este año. Por la magnitud de la caída de la actividad económica calculada en -6.6% tras el paso del período de emergencia, será necesario que el gobierno federal considere la posibilidad de la eliminación de la deuda heredada del Fobaproa y de los Pidiregas, o al menos su moratoria y la disminución sensible del pago de intereses hasta que la economía mexicana vuelva a dinamizar su proceso de acumulación. Por lo pronto, es un acierto que esta vez los costos de la recuperación no recaigan principalmente en las clases trabajadoras, subiendo los impuestos o aumentando el precio de las gasolinas, de las materias primas fundamentales de la actividad económica o de la canasta básica.

Por su parte, las medidas gubernamentales ante la pandemia establecen la suspensión de labores en la función pública hasta el 1 de agosto manteniéndose cerradas la mitad de las dependencias, catalogadas como no esenciales, así como la ponderación continua de todo el territorio nacional para la reapertura gradual de las actividades económicas y sociales.

Lo que está ausente en la política económica de la 4T es el conjunto de políticas que alienten la inversión de capital en las ramas productoras de capital fijo para acelerar la acumulación de capital, particularmente en aquellas que están conectadas con la economía digital y con la producción de tecnología de puntas, entre otros aspectos esenciales. La razón es que tenemos ante nosotros un programa anticrisis para uno de los colapsos más agudos que hemos tenido en toda la historia. Y no podía ser de otra manera; pero justamente estos momentos son los adecuados para el impulso de las fuerzas productivas y para modelar nuevas relaciones de producción acordes con los inminentes cambios que se producirán en la reproducción de capital y en el mercado mundial cuando ya sea superada la pandemia. 



[1] Una explicación más detallada de esta apreciación se puede consultar en el ensayo “El covid-19 y el nuevo colapso de la economía mundial en 2020.” www.estudioscriticos.org

[2] Presidencia de la República. Infografías de conferencias de prensa. 

[3] INEGI. (2020). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos.

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados

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Miguel Ángel Lara Sánchez,
20 sept. 2020 18:13
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